Qué es
La reorganización judicial es el procedimiento de la Ley 20.720 que permite a una empresa deudora viable, pero con problemas para pagar, proponer a sus acreedores un acuerdo para reestructurar sus deudas y sus activos, mientras sigue funcionando. Es la alternativa a la liquidación para empresas que tienen un negocio que vale la pena conservar.
Durante el procedimiento la empresa goza de protección financiera concursal: un período en que los acreedores no pueden embargarla ni pedir su liquidación, para que pueda negociar con tranquilidad.
Quién puede pedirla
Solo la empresa deudora: sociedades y demás personas jurídicas privadas, y personas naturales que hayan sido contribuyentes de primera categoría en los 24 meses anteriores. Las micro y pequeñas empresas pueden optar por la reorganización simplificada, más barata y ágil.
No se exige estar en cesación de pagos: la reorganización puede pedirse de forma preventiva, cuando se anticipan problemas.
Qué se presenta
- Los estados financieros y una relación de bienes, con las garantías que los afectan.
- Una lista de acreedores con sus créditos, certificada por un auditor independiente.
- Una declaración jurada sobre su situación patrimonial.
- La propuesta de un veedor.
Efectos de la resolución de reorganización
Cuando el tribunal dicta la resolución de reorganización, se inicia la protección financiera concursal, que tras la Ley 21.563 dura 60 días desde su notificación. Puede prorrogarse por otros 60 días con el apoyo de acreedores que representen más del 30% del pasivo, y por 60 días más con el apoyo de más del 50%, o bien por una sola prórroga de hasta 120 días con este último apoyo.
Mientras dura la protección:
- No se puede declarar ni iniciar la liquidación de la empresa.
- No se pueden iniciar juicios ejecutivos ni ejecuciones de cualquier clase, ni restituciones en juicios de arrendamiento, y se suspenden los plazos de prescripción.
- Los contratos vigentes no pueden terminarse por el solo hecho de haberse iniciado la reorganización.
- La empresa sigue administrando su negocio, bajo supervisión del veedor. Para vender activos importantes o endeudarse por sobre ciertos límites (en general, el 20% del activo fijo o del pasivo) necesita autorización de los acreedores.
La propuesta de acuerdo
La empresa propone a sus acreedores un acuerdo de reorganización, que puede incluir prórrogas de plazo, rebajas de capital o intereses, capitalización de deudas, venta de activos, aportes de nuevos socios o cualquier otra reestructuración.
Los acreedores se agrupan en clases (por ejemplo, garantizados y valistas) y la propuesta puede contener condiciones distintas para cada clase, pero iguales dentro de cada una. El veedor emite un informe sobre la propuesta antes de la junta de acreedores que la vota.
Aprobación y efectos del acuerdo
El acuerdo se aprueba si obtiene, en cada clase, las mayorías que exige la ley. Una vez aprobado y firme, obliga a todos los acreedores de la clase respectiva, aunque hayan votado en contra. Los acreedores pueden impugnarlo por causales específicas, como errores en el cómputo de las mayorías o créditos falsos.
Para supervisar su cumplimiento se designa un interventor.
Si el acuerdo fracasa
Si la propuesta no se aprueba en la junta, o si después de aprobado el acuerdo se declara su nulidad o incumplimiento, el tribunal dicta por regla general la resolución de liquidación de la empresa. Por eso la reorganización exige una evaluación seria de viabilidad antes de iniciarla.
Ventajas y riesgos
Ventajas: frena embargos y demandas, permite negociar con todos los acreedores a la vez y obliga a la minoría disidente.
Riesgos: tiene costos relevantes (veedor, auditor, abogados), expone públicamente la situación de la empresa y, si fracasa, conduce a la liquidación.
Para empresas que ya tienen un preacuerdo con la mayoría de sus acreedores, puede ser más eficiente el acuerdo de reorganización extrajudicial.
Preguntas frecuentes
¿La protección financiera alcanza a los avales?
No. La protección favorece a la empresa deudora; los acreedores pueden seguir cobrando a los avales y codeudores, salvo que el acuerdo disponga algo distinto y se cumplan los requisitos legales.
¿Qué pasa con los trabajadores?
Los contratos continúan. Las deudas laborales tienen reglas de protección especiales dentro del procedimiento.
Información general sobre la ley chilena vigente a noviembre de 2026. No reemplaza la revisión de tu caso.